La compañía abandona los vuelos de cabotaje con más de 1700 despidos. Intenta achicar costos mientras rige la doble indemnización.

Este miércoles se desarrollará la primera reunión entre Latam, los gremios aeronáuticos y las autoridades del Ministerio de Trabajo, en el marco de la anunciada salida de la aerolínea del país. Las perspectivas no son buenas, admiten desde las tres partes: la empresa sigue firme en su voluntad de abandonar la operación de cabotaje, el gremio intentará mantener la defensa de los puestos de trabajo y el gobierno no dará concesiones para que el cierre se haga con costos inferiores a los que prevé la ley sin el visto bueno del sindicato. Mientras tanto, la empresa avanza con su plan de retiros voluntarios. Están en danza 1715 puestos de trabajo y el gobierno también pone en juego un capital político porque es un tema de alto impacto.

“Las cosas están complicadas. La empresa quiere levantar las operaciones y avanzó mucho con el tema de los retiros voluntarios y los gremios queremos salvar los puestos de trabajo. El gobierno también arriesga y en el medio está la situación de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas low cost que supuestamente podrían hacerse cargo de las rutas caídas con la salida de Latam”, evaluaron ante este diario desde la Asociación del Personal Aeronáutico.

Una cuestión central a decidir es si la negociación continúa bajo el paraguas del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). El 17 de junio pasado, la empresa presentó al Ministerio de Trabajo su pedido de PPC en donde atribuye a los trabajadores de la filial local “la productividad más baja y los sueldos más elevados de la región” a causa de la supuesta cerrazón de los gremios para aceptar cambios en el modo de producción.

En el pedido de PPC, Latam advierte que “el resultado operacional al cierre de 2019 para la filial argentina implicaba una acumulación de pérdidas en los últimos tres años por 291 millones de dólares y de 300,9 millones de dólares si se toman los últimos cuatro años” y atribuye ese resultado a la devaluación del peso, la inflación y la desregulación y apertura del negocio aerocomercial practicada durante la gestión anterior. Argumenta que en el marco del concurso de acreedores presentado en Estados Unidos, la casa matriz no puede seguir asistiendo financieramente a la filial local.

Desde el Ministerio de Trabajo convocaron a la reunión sin haber aceptado el PPC. “El PPC es una herramienta que ofrece el Estado para las empresas que necesitan achicarse para evitar el cierre. Pero éste no es el caso”, advierten fuentes de la cartera laboral. “Si no se ponen de acuerdo con el gremio, rige la prohibición de despidos hasta finales de julio y la doble indemnización hasta fin de año”, recuerdan en Trabajo. La empresa busca minimizar los costos de la salida. La reunión entre los directivos de Latam, funcionarios y gremialistas se realizará de forma virtual, algo que en primer lugar tuvo el rechazo de los gremios pero finalmente fue aceptado.

Por lo pronto, Latam busca avanzar con el plan de retiros voluntarios, en donde paga la indemnización al 100 por ciento (no el doble como prevé el Decreto 528/2020), junto al pago del seguro de salud por 6 o 12 meses según el caso, adicionales de 1,5 o 3 sueldos si el empleado tiene de 3 a 10 años o más de 10 años de antigüedad, respectivamente. También ofrece pasajes gratis. Al mismo tiempo, puso a disposición el plan de retiro anticipado.

Si bien la firma no quiere anunciar el resultado de las gestiones para retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, se especula con un buen nivel de aceptación de parte de los trabajadores, que temen que la situación termine en la quiebra y se reduzcan las posibilidades de cobrar el dinero que corresponde.